En una actitud que los pinta de cuerpo entero, personeros del gobierno interceden ante el gobierno de Estados Unidos para proteger a la minera Doe Run de una denuncia presentada en el estado de Missouri por contaminar a la población infantil de La Oroya. Jorge del Castillo, ante esta posibilidad, ha enviado una carta a la embajada de los USA para que de ninguna manera prospere esta iniciativa. Sobre el particular he recibido esta nota de prensa, del Bloque Parlamentario Junín, que indigna sobre manera. Quisiera agregar que, respecto a la nota de prensa, es conmovedora la forma de actuar de nuestra mal llamada "oposición parlamentaria". Dicen que "invitarán al premier" para que explique el porqué de su actitud. La nota de prensa a continuación:
"El Bloque Junín,conformado por los cinco representantes por este departamento en el Congreso de la República, invitará al presidente del Consejo de Ministros para que explique las razones por las cuales el gobierno peruano busca evitar que prospere en Estados Unidos una denuncia presentada contra la minera Doe Run por contaminar a la población infantil de La Oroya, en el departamento de Junín.
El anuncio lo hizo la coordinadora de ese grupo legislativo, Martha Acosta Zárate (GPN), luego de que se diera lectura a la carta enviada el pasado 31 de octubre por el titular de la PCM, Jorge del Castillo, al embajador de Estados Unidos en el Perú, Michael McKinley, en la que solicita la intervención del Departamento de Estado de ese país para que la corte de San Luis, capital del estado de Missouri, se inhiba
de conocer la denuncia contra Doe Run.
La demanda fue presentada el 4 de octubre por dos abogados de Miami en San Luis, donde se encuentra la sede central de la empresa, a través de dos ciudadanas del lugar, en representación, inicialmente, de 137 niños menores de diez años, contaminados por las emanaciones de la minera en la zona donde opera, los mismos que
presentan plomo y cadmio en su sangre a niveles seis veces superiores a la de
los niños norteamericano.
Así mismo, presentan niveles de antimonio treinta veces más que la población infantil
estadounidense, conforme lo han demostrado estudios realizados por la Universidad de San Luis, en coordinación con el gobierno regional de Junín, en el año 2005.
Los abogados norteamericanos alegan en su demanda que en el Perú no existen las garantías para un buen proceso contra la minera y que el sistema judicial peruano no contiene normas que permitan amparar y garantizar el derecho de los niños afectados.
Sin embargo, el premier Del Castillo Gálvez, “en representación del Gobierno y Estado peruanos”, apelando a razones de soberanía jurisdiccional, sostiene que le corresponde a nuestro país estudiar la demanda, por cuanto el operador (Doe Run) se
constituyó y opera en el Perú, los niños tienen nacionalidad peruana y residen
permanentemente en el país, y que los hechos están tipificados en nuestra
legislación. Añade que, si llegase a prosperar, la demanda en Missouri podría convertirse en un “precedente perturbador” a la inversión extranjera, y se afectaría la soberanía peruana.
La carta del premier motivó el rechazo inicial de la presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, Gloria Ramos Prudencio (NUPP), quien lamentó que el primer ministro haya optado por abogar a favor de la minera norteamericana y no contemplado la defensa de los niños de La Oroya.
Al gesto se sumó su colega Acosta Zárate, quien dijo que invitará al premier a la próxima reunión del Bloque Junín, a realizarse el próximo lunes 7 de enero, para analizar la situación."
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