Así como una ley que nace de espaldas a la realidad nace muerta, asimismo una ley que pretende buscar la "paz social" por decreto es absurda. Fujimori lo quiso hacer en varias oportunidades y lo que se logró fue un malestar creciente popular. Con gran torpeza y también con mucho de abuso, el gobierno de García ha dado una serie de dispositivos legales que buscan, según ellos, "evitar que el país se convierta en un caos". Si así fuera, los primeros sancionados deberían ser los funcionarios apristas, quienes con sus desmanejos, corruptelas, promesas incumplidas y demás errores, han convertido a un país, que en calma marchaba al desarrollo, en una nación insatisfecha de sus gobernantes. Y todo esto, con gran eficiencia, el APRA lo ha logrado en menos de un año. Analicemos tan sólo uno de los dispositivos, el que permite a un policía disparar contra un manifestante o ciudadano si se siente amenazado, ¿han pensado los miembros del gabinete lo que un decreto de esta índole puede ocasionar en un país? Muerto el ciudadano ¿como se va a poder defender de la agresión policial?. Hace muy poco un Coronel de la policía se internó en un hospital porque,según él, Javier Diez Canseco lo agredió. Hace muy poco también hemos visto como la polícía, a palazos, detenía a dirigentes sindicales que estaban caminando por la vereda. Y lo que es peor, ¿cómo reaccionará la policía cuando de una huelga se trate en el interior del país?. Creo, sin temor a equivocarme, que el gobierno está haciendo lo imposible para volver a mancharse las manos de sangre. El Congreso tiene que eliminar estas medidas, si en verdad se respeta. No sólo son inconstitucionales, también afectan los derechos ciudadanos, pero además, fueron diseñadas en el marco de una delegación de facultades sobre casos de delincuencia y crimen organizado, es decir para el gobierno de Alan García y su premier Jorge del Castillo, la huelga y la protesta social es parte del crimen organizado. Y lo hace - y lo dice- un gobierno que ha claudicado totalmente de todo lo que signifique lucha contra la corrupción. Y en medio de todo este despelote gubernamental no podían faltar las desatinadas declaraciones de los "ministros", que como sabemos, están desesperados por ganar méritos ante la posibilidad del necesario recambio de gabinete. En esta oportunidad nos referimos a la Sra. Susana Pinilla, que pide que "renuncien" a las autoridades que no están de acuerdo con la barbaridad legislativa que ha promulgado el señor García Pérez.
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