Cuando la inflación arreciaba en nuestro país durante el primer gobierno de Alan García, los apristas pretendieron maquillar sus efectos con leguleyadas y con juegos de palabras. Así un ministro de Economía, de cuyo nombre prefiero no acordarme, nos hablaba de "inflación bruta e inflación neta". Hoy, demostrando que no han cambiado, sino que se han perfeccionado, los apristas a través del Premier pretenden engañarnos a todos, nuevamente, con leguleyadas, con juegos de palabras y con cambios de nombres, tratando evidentemente de confundirnos. Me refiero, una vez más, al caso de las normas inconstitucionales que viene defendiendo el Presidente García, el Premier Jorge del Castillo y el ex abogado de Laura Bozzo, respecto a la represión que pretenden realizar con alcaldes, presidentes regionales y demás autoridades que pretendan encabezar las protestas de sus pueblos. Imitando una vez más los usos fujimontesinistas el gobierno de Alan García ha procedido a cambiar el nombre de los recursos y las leyes para vendernos la idea de una nueva configuración jurídica. Recordemos. El fujimontesinismo, para controlar a la delincuencia que ellos mismos ejercían, cambió la denominación de los delitos comunes por los de "traición a la patria" para castigar a secuestradores y asaltantes de bancos. ¿Qué sucedió? pues este tipo de delito se incrementó, peligrosamente, demostrando la incapacidad del también mitómano "Doc". ¿Qué es lo que hace el Apra y su gobierno en la actualidad para contener a la protesta que arrecia a nivel nacional? lo mismo. Desperdiciando las facultades legislativas que le otorgó el Congreso, cambian los nombres y meten dentro de la denominación de "extorsión" lo que es el derecho a la protesta de los pueblos. No contentos con ello confunden PROTESTA con Huelga, demostrando una gran ignorancia en el tema. Aquí merece un galardón especial la Ministra de Trabajo Susana Pinilla quién demostrando que sólo es un elemento superficial y decorativo en el cargo, conmina a la renuncia a los presidentes regionales si es "que van a la huelga". Está bien que Alan García y Jorge del Castillo no hayan ejercido jamás con seriedad el Derecho, pero ello no les da carta libre para que pretendan engañarnos a todos. Sabemos que al gobierno de Alan García no se le puede exigir transparencia, moral, mucho menos ética, un gabinete repleto de intermediadores de intereses así lo demuestra, pero al menos que no crean que los ciudadanos peruanos somos todos tontos. El conjunto de leyes nació muerto. NO hay ni autoridad moral ni jurídica. Los leguleyos que rodean al Ejecutivo han demostrado una total incapacidad y con ello han puesto una vez más en ridículo al gobierno. El conjunto de normas que ha salido en El Peruano para reprimir las protestas sociales que,como respuesta a la incompetencia y corruptela que anidan en el gobierno, se están dando en diversos lugares del país, son una demostración que el gobierno actual no sabe que hacer y es sumamente débil. En lugar de responder con una actitud firme pero a la vez democrática responde con leyes propias de la Edad Media. Algo que deberá hacer a la brevedad posible el Congreso, no la nueva mesa directiva, será derogar estas leyes que atentan, definitivamente, contra los derechos constitucionales de todos nuestros ciudadanos.
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