Con gran cinismo, Alberto Fujimori declara ante la corte chilena que se enteró de los casos La Cantuta y Barrios Altos por la prensa. Si así fuera, cuestión por demás descartable, absolutamente, no habría mandado a sus aúlicos muy bien remunerados del Congreso de ese entonces, a luchar por una amnistía ilegal e injusta para los asesinos del grupo Colina y sobretodo a dar explicaciones a la prensa sobre la "realidad aparente" respecto a la masacre.
Fujimori tiembla ante la posibilidad de ser condenado por estos actos. Sabe que los delitos de lesa humanidad jamás prescriben y que salvo Japón y Perú en los tiempos de García, no encontraría lugar en el mundo donde su pervertida personalidad se mantenga alejada de la cárcel. En ese sentido comparte sentimientos con el actual presidente Alan García: ambos tienen sendas acusaciones de violaciones a los derechos humanos.
Pero ante estas declaraciones ha salido a la luz el alegato del "general victorioso" Nicolás Hermoza Ríos en el sentido que Alberto Fujimori estaba al tanto de todo y más aún, la política de exterminio era una política de estado. Para mala suerte de Fujimori y buena de los deudos de los asesinados y de nuestro país, que reclaman justicia, estas declaraciones se encuentran en el cuadernillo de extradición.
Un proceso de extradición es un proceso tanto político como jurídico. En lo último los procuradores si han hecho una labor profesional para lograr la extradición del dictador Fujimori. En lo político no se ha hecho nada. Algún día se tendrá que exigir cuentas al gobierno de García por esta omisión, que no respeta el interés de la Nación. Y también a algunos personajes de la pseudo oposición como Lourdes Flores nano que, increíblemente también, ha salido a reclamar que "no se politice el tema".
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