El jefe del cártel de Medellín Pablo Escobar fue congresista en Colombia. Millonarios fondos provenientes de la droga financiaron su campaña. En nuestro país, sede también de firmas del narcotráfico, es evidente que cada vez más los intereses de los traficantes penetran a nuestra endeble red de partidos.
Alan García tuvo la oportunidad de contribuir a minimizar en algo ese mal. ¿Cómo? Aplicando la parte correspondiente a la financiación pública de la Ley de Partidos Políticos. No lo hizo. Prefirió la demagogia, el simplismo y su efectismo característico. Fiel a su estilo, lejano del estadista que pregonan sus amigos, congeló la ley, indicando que "no había plata" para la financiación desde el estado de los partidos políticos.
En ese contexto La República da cuenta de la relación de militantes del APRA con el narcotráfico. El congresista Elías Rodriguez y la secretaria General del APRA en La Libertad Miriam Pilco serían dos de ellos. Se les tendría que agregar los funcionarios apristas que han defendido narcotraficantes y que permanecen en la administración pública.
Los partidos políticos, sin excepción, son rehenes en el Perú de los fondos de campaña. Quererse exceptuar de esta realidad es una hipocresía. Los poderes fácticos habrían capturado dirigencias partidarias y ministerios y -cómo no- también legisladores. Ser financiado por un poder fáctico o un interés económico es convertirse en rehén del financista. De allí ciertas actitudes partidarias que mueven a sospecha y que no son investigadas.
Si en verdad, como pregona, el presidente Alan García quiere combatir a los barones de la droga que empiece por autorizar el financiamiento público de partidos políticos. Si no lo hace será más de lo mismo, característica de su actitud y su gobierno, palabras, promesas, gestos, demagogia y nada concreto.
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