En el país de la doble medida

Es importante que se cumpla la Ley. Nadie puede objetar eso. Pero cuando la Ley vale sólo para unos cuantos se demuestra la debilidad de nuestro sistema de justicia. En el caso del desalojo de Santa Anita particularmente me llama la atención el despliegue mediático de los principales medios de comunicación de la capital. En el colmo de la sobreactuación un "periodista" ha comparado el desalojo con la operación Chavín de Huantar. El gobierno, débil y dependiente de los titulares periodísticos, ha cedido su poder de decisión a lo que le digan los intereses de turno. Y el alcalde Castañeda, que goza de una popularidad con pies de barro, basada en un blindaje períodístico inmerecido sabe Dios por qué razones, muestra una extraña fiereza contra los "enemigos" de Santa Anita.
Ante ello me pregunto,¿Por qué el alcalde Castañeda no tiene el mismo empeño para desalojar a quienes, de manera irregular, usurpan la Costa Verde? ¿Por qué no inicia una campaña mediática para erradicar a quienes han invadido con total desparpajo espacios públicos que nos pertenecen a todos? ¿Por qué no encabeza el inicio de acciones legales contra los restaurantes que de manera espantosa afean la ciudad quitándonos la vista al mar? ¿Por qué no se rebela contra los supuestos actos de corrupción en la adquisición de semáforos o en la construcción de piletas para parques enrejados que nadie puede gozar a menos que pague por su ingreso? El alcalde Castañeda, que tiene a Lima engañada bajo un gigantesco psicosocial ("Gracias por dejarnos trabajar"), no rinde cuenta de sus actos aprovechándose de un extraño silencio mediático que lo convierte en un personaje con alto nivel de aceptación popular.
La ley debe cumplirse para todos. Pero estamos en el Perú donde el interés económico ha perfeccionado sus mecanismos de presión gracias a una clase política débil y temerosa que funge de servicial ante la presión que viene de ellos a través de los medios de comunicación.
política Juan Sheput
Catañeda Lossio