La justicia está llegando para Saúl Cantoral y Consuelo García. La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de sentenciar en favor de ellos. Están muertos. Fueron asesinados. Pero el Estado deberá resarcir a sus familiares y a la vez pedir perdón por terribles ajusticiamientos que jamásdebieron ocurrir.
E sabido que durante el primer gobierno de Alan García se cometieron asesinatos y atropellos que vulneraron los derechos humanos. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación es clarísima en ello, de allí su afán de desprestigiarla por parte del Partido Aprista Peruano.
Pero el tema de los derechos humanos es muy delicado e importante. Su castigo tiene dimensión internacional y nunca prescribe. De allí que los acusados o sospechosos de asesinatos, torturas, persecuciones o desapariciones tiemblen permanentemente ante la posibilidad que, algún día, tengan que responder por sus acciones deplorables ante los tribunales.
La principal noticia del día de hoy tiene que ver con los derechos humanos. Tiene que ver con el secuestro, tortura y ejecución de dos líderes sindicales mineros en el año 1989: Saúl Cantoral y Consuelo García Santa Cruz.
El día de hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha condenado al Estado peruano por los delitos de lesa humanidad cometidos contra estos dirigentes. La sentencia fue el pasado 11 de julio pero la Resolución recién ha sido hecha pública en la página en Internet de la Corte.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como parte acusadora, ha denunciado que el Estado peruano, en esa época bajo la presidencia de Alan García Pérez violó los derechos a la vida, integridad personal y libertad de asociación de Saúl Cantoral y Consuelo García Santa Cruz.
La CIDH dio cuenta que "al ser las víctimas prominentes líderes sindicales y mineros, el presente caso aborda la problemática de las actividades represivas del Estado contra la dirigencia sindical para desmotivar la protesta social en el Perú, y en general sus efectos respecto de la libertad de asociación".
Qué dirá Alan García casi veinte años después en que vuelve a cometer los mismos errores al dar decretos supremos draconianos que afectan la libertad ciudadana de protestar y el derecho a la huelga, así como faculta a las fuerzas armadas y policiales a disparar contra ciudadanos que estén protestando.
Qué dirá Alan García y sus aúlicos, que son numerosísimos, casi veinte años después en que versiones periodísticas afirman que miembros del entonces Comando Rodrigo Franco, están en estos días hostigando a dirigentes comuneros en zonas de Cajamarca. Dirigente que protesta contra las mineras dirigente que es colocado en la mira, decía la nota.
La CIDH ha ordenado al Estado peruano "investigar inmediatamente los hechos que generaron las violaciones del caso, e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a los responsables y hacer públicos los resultados para que la sociedad peruana se entere". ¿A quién ordenará la investigación el señor Alan García? ¿A su ministro Alva Castro que suele almorzar pizzas con Agustín Mantilla?
También se ha ordenado al Estado peruano que en no más de seis meses se publique la sentencia en el Diario Oficial y en otro diario de circulación nacional, y realice un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional.
La CIDH también ha cuantificado la suma total que deben recibir por daños psicológicos, materiales e inmateriales que es invalorable: 402.500 dólares que se deberán pagar antes de un año. Que no nos sorprenda que de este hecho se agarrarán los personajillos expertos en despestrigiar a cambio de un óbolo. Y por otra parte ¿Denunciará Javier Velásquez Quesquén a su líder Don Alan García "por no saber defender al Estado peruano"?
Es deber del Estado cumplir. Será una forma de que estos actos miserables no se repitan nunca más. La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Saúl Cantoral y Consuelo García la pueden encontrar aquí.
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