Los gobiernos de alma desvergonzada suelen tener su corazoncito constructor. Así lo demostraría la nueva oportunidad de negocio que acaba de promulgar este gobierno bajo la forma -cómo no- de norma legal.
La norma que garantizaría la informalidad y la corrupción según los decanos del Colegio de Ingenieros y del Colegio de Arquitectos, lleva el nombre de Ley de Habilitaciones Urbanas y ha sido promulgada por el presidente García.
Por sus características es, a todas luces, producto del lobby de las empresas constructoras. Nada raro. Fujimori también se llevó muy bien con los empresarios del sector.
Esta ley permitirá que se construyan, sin pedir licencia y sin ningún tipo de perfil técnico viviendas unifamiliares de hasta 120 metros cuadrados de área construida; ampliaciones cuya área no supere los 200 metros cuadrados; remodelación total de edificios ; obras menores y de carácter militar o policial, urbanizaciones de no más de 5 hectáreas y edificios de hasta 5 pisos que no superen los 3.000 m2 de área construida.
Es decir el desarrollo urbano por los suelos. Desde hoy su vecino puede hacer un condominio en su casita o un edificio en la quinta. No se necesitan permisos, sólo capital.
El Ing. Javier Piqué, decano del Colegio de Ingenieros de Lima, ha indicado que esta ley es muy peligrosa para los habitantes, traerá un caos en Lima y generará corrupción.
En contrario y como era de esperarse, los empleados del Ministerio de Vivienda y de CAPECO han saltado de alegría. No sorprende, les interesa un comino la vida de los habitantes de edificios pequeños de 5 pisos. Por sus características, "esos" son utilizados por los sectores C, D y E, por tanto no hay que exigir licencias ni informes técnicos.
Como sabemos, en los tiempos del mal menor, el negocio bien lo vale todo.
No les importa que continue la informalidad, lo que interesa es "construir".
Pero no solo dan la Ley para que el negocio sea "legal". En medio de la cortina de humo de hedor fujimontesinista, el Ministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca habla de construir en los terrenos del Ministerio de Defensa y de la playa de estacionamiento de Petroperú. No contento con eso quiere vender el terreno miraflorino de la av. 28 de Julio donde está la Presidencia del Consejo de Ministros para hacer ¡ también ! torres de departamentos.
Al igual que en la época fujimontesinista todo está en venta en nuestro país y todo es o será "legal".
Seguimos, sistemáticamente, cuesta abajo.
Pero culpable de este deterioro inmoral de la Lima urbana no sólo es el gobierno de Alan García. También el Congreso de la República que aprobó esta norma con inusual celeridad.
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