La San Martín una vez más

Al gobierno de Alan García no le basta con haber entregado a la Universidad San Martín de Porres la implementación de la sospechosa adquisición de laptops del programa OLPC sino que ahora, por acuerdo del Consejo de Ministros le ha encomendado la evaluación de los reglamentos internos y procedimientos administrativos de todos los ministerios.
Hasta donde se sabe, más allá del marketing, esta universidad no brilla por su excelencia académica precisamente. Es continente de las planillas de varios ministros y congresistas de allí su poder en el proceso de toma de decisiones.
La Universidad San Martín se ha blindado de la crítica por tener también en planilla a varios periodistas. Es decir, se podría decir que compra silencios y maniata fiscalizaciones.
Al final el que pierde es el Estado. Evaluaciones a cargo de una universidad ligada al régimen a través del señor José Antonio Chang y Hernán Garrido Lecca demuestra el desprecio que tiene García por el correcto manejo de la cosa pública.
Todo esto se puede hacer sin oposición, sobretodo la congresal, que demuestra día a día que no está a la altura de las circunstancias que exige la nación.
Y ante este claro conflicto de intereses la señora Carolina Lizárraga, jefa de la Oficina Nacional Anticorrupción no dice, una vez más, nada.


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