El SIS y la detención de Julio Espinoza Jiménez

No conozco al Dr. Julio Espinoza Jiménez pero amigos apristas, en los cuáles confío, sí. Y estos amigos me han comentado de lo injusta que es la detención, que ya lleva 100 días, que viene sufriendo el Dr. Espinoza.
Tengo razones para creerles. Los hechos objetivos son los que hay que analizar y los hechos favorecen al sentimiento de inocencia, que despierta entre quiénes lo conocen el Dr. Espinoza.
Dice la defensa del Dr. Julio Espinoza que cuando él llega a Lima, el 18 de Agosto, las compras ya se habían hecho. Esas compras de alimentos sobrevaluados que se hicieron a costa del dolor de miles de damnificados.
Para nadie es un secreto que el Ministerio de Economía y Finanzas dio, de manera absolutamente irregular, la partida necesaria para la compra vil y asquerosa de los alimentos sobrevaluados.
¿Alguien cree, en su sano juicio, que el ministro Luis Carranza habría dado la orden del giro de dinero sólo por una llamada del Dr. Julio Espinoza, funcionario del Seguro Integral de Salud?
Para nadie es un secreto, también, que los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas niegan sistemáticamente cualquier disposición de fondos. Claro que a veces, ante presión superior, estos funcionarios ceden. Lo hizo Alfredo Jaililie en la época de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, y luego, por esos hechos, que no precriben en el corto plazo por su caracter público, terminó en la cárcel, detenido por "obedecer órdenes superiores".
Dicen mis amigos apristas que Julio Espinoza no tuvo nada que ver en este problema. Que fueron otros sujetos, vinculados a Palacio de Gobierno, un ex convicto que funge de secretario y otro sujeto especializado en "encuestas de opinión" los que con una ayudita de arriba hicieron este gran negociado. A estos sujetos se les protege impidiendo por todos los medios que declare Julio Espinoza. Dicen que le han dicho, espérate tres años, y luego como no se ha iniciado el juicio saldrás en libertad. Estos sinvergüenzas, que hacen tal oferta, no cuentan con que el honor y el buen nombre está manchado y que un hombre que cuida su apellido, como el principal de sus activos, tiene que aclarar cualquier duda que se presente sobre él.
Dicen mis amigos apristas que esta situación la conocen los miembros de la bancada parlamentaria aprista pero no hacen ni dicen nada. Vergonzoso en realidad. En una demostración de total cobardía política callan en mil idiomas. En eso se ha convertido el APRA hoy, al menos su sector parlamentario.
Pero de esta situación también se habla en las unidades de investigación periodísticas. Esos mismos medios que no dudaron en sacrificar a Julio Espinoza triturándolo con primeras planas insultativas, saben que él es inocente. Sin embargo, montesinistamente, callan. Callan para proteger a los verdaderos corruptos que anidan en las altas esferas del gobierno y tuvieron la complicidad de funcionarios del MEF, esos que pagan gran cantidad de dinero, de todos los peruanos, para su blindaje mediático que maquillan bajo el nombre de "cuidado de imagen".
¿Y la Oficina Nacional Anticorrupción? tampoco dice nada. De la ONA y de su anónimo personal no podemos esperar nada.
Coincidentemente hoy día Herbert Mujica, aprista y townsendista de vieja data, también escribe sobre el tema:

Señal de Alerta
por Herbert Mujica Rojas
31-1-2008
Julio Espinoza: ¡100 días procurando "demostrar" inocencia!
Hace poco el ex jefe del SIS, médico Julio Espinoza Jiménez, cumplió100 días de detención, ocasión propicia para reseñar y comentar lo ocurrido. En primer lugar situemos el contexto en que se da el facto, especialmente desde el punto de vista del derecho.
La culpabilidad de un procesado debe demostrarse con pruebas, funciones desempeñadas por el fiscal. En nuestro medio la presunción de inocencia –como derecho de la persona humana– no se respeta, y es más bien el imputado quien debe luchar por demostrar que es inocente.
El principio jurídico ordena que quien acusa debe probar la culpabilidad, y nadie está obligado a probar su inocencia. En suma, la culpabilidad se prueba. El ministerio público debe demostrar la existencia del delito. Le corresponde probar los cargos para acreditarla comisión del delito y la responsabilidad penal del procesado yluego aplicarle la pena respectiva. La presunción de inocencia es un derecho ligado a la dignidad y libertad e inequívocamente debe ser respetada por magistrados y comunidad en general, como garantía del honor y dignidad de las personas.
De otro lado, el debido proceso tiene como uno de sus sustentos, la garantía de imparcialidad objetiva, que exige al fiscal y jueces no emprender una actividad jurisdiccional tomando partido por la acusación o la defensa, defendiendo su independencia a pesar de la sospechosa voluntad política y resistiendo el aluvión de los medios, morbosamente más interesados en el escándalo, que en el conocimientode la verdad.
Es decir, la imparcialidad objetiva y el debido proceso, se sustenta, en la independencia del Poder Judicial para que las decisiones correspondan a los hechos y normas, y no a la del grupo que lo nombró, o presione para que dicte una determinada resolución que deviene en arbitraria.
A Julio Espinoza Jiménez se le acusa de colusión desleal, es decir, que forma parte de un grupo organizado que se propuso defraudar al Estado y obtener beneficio propio y de terceros con los recursos del SIS.
En esta lógica, cada uno cumple una parte de la decisión común que hace posible el delito. Si uno retira su aporte, el plan no se ejecuta. En esta lógica, Espinoza debió debió dejar firmado la solicitud de requerimiento de fondos al MEF, o debió delegar a otro funcionario esa tarea, pero de ninguna manera hubiese dado una orden por teléfono para que firmen por él, por la simple razón que el MEF hubiese rechazado la solicitud por irregular. Es conocido que los funcionarios del MEF son estrictos en la atención de otorgamiento de recursos. Nunca antes en la historia del MEF se registra una solicitud de fondos públicos fletado por funcionarios carentes de cualquier clase de autorización o prerrogativa. Además, a ninguna entidad pública se le ocurriría solicitar dinero sin cumplir con los requisitos de formalidad dictados por el MEF, porque ese expediente no pasaría el control normativo del MEF y sería devuelto. E investigado. La participación del MEF, por lo tanto, fue imprescindible para realizar las compras cuestionadas, y ningún funcionario del MEF ha señalado en sus declaraciones ante el juez y fiscal que Espinoza intervino, tuvo participación, gestionó o ayudó para favorecer ese tramite.
Cuando Espinoza llega a Lima el sábado 18 de agosto en la noche, toma conocimiento de las compras. El delito ya estaba realizado. Los hechos posteriores al 18 podrán calificarse de muchas formas, pero de ninguna manera se puede sostener su participación o complicidad en ellos. En medio del escándalo de los medios, la fiscal lo denuncia y la jueza decreta su detención. Es conducido a la unidad de requisitorias y luego trasladado al penal de Lurigancho donde permaneció internado una semana. ¿Por qué razones Julio Espinoza, reo primario, procesado, sin antecedentes, fue conducido a Lurigancho y no a San Jorge?
Su abogado apela esta decisión inicial y logra su traslado al penal de San Jorge, donde aún permanece. No se ha podido probar que haya solicitado el dinero, que diera la orden para el proceso de adquisiciones, que tomara contacto con proveedores, que autorizara los pagos, sin embargo permanece detenido, y la sala acaba de denegar su apelación de cambio de mandato de detención por comparecencia. La detención se justifica cuando existe suficiencia probatoria, es decir se demuestra culpabilidad del detenido, porque de lo contrario resulta arbitraria.
El caso de Espinoza es ejemplo de esta arbitriariedad. ¿Quién se atreve a sostener lo contrario? Cada vez con mayor frecuencia en nuestro país se sacrifica el principio de la persona a su libertad.
No son pocos ya privados de su libertad, cuando recién comenzar las investigaciones si se ha producido el delito o si el imputado es responsable penalmente.
JulioEspinoza es una víctima más de esta criminalizacion aberrante y aborrecible de la justicia. Julio Espinoza Jiménez está detenido en el penal San Jorge sin que exista ¡una sola prueba que lo incrimine en la comisión de los delitos que motivaron su arresto!
Dejemos que el Poder Judicial haga su trabajo sin la presión política que solo busca influir en la opinión pública a través del escándalo,sin reparar en el daño que causan a la persona y su familia cuando las denuncias son falsas.
Cuando esto ocurre, eso no trasciende porque la inocencia de un denunciado injustamente no es noticia. ¿Hasta cuándo la sociedad y los "formadores" de opinión callan frente a un atropello realmente escandaloso?